Colombia comprendió que el riesgo de lavado de activos afecta a diversos sectores de la economía, superando así la falsa percepción de que el riesgo solo estaba presente en el sistema financiero.
Para el caso del SAGRILAFT de la SUPERSOCIEDADES, la obligación se extiende a las empresas del sector real. El SAGRILAFT, entendido como un sistema con etapas y elementos, tiene similitudes con sistemas como el SARLAFT financiero.
¿Quién está obligado a implementar el SAGRILAFT?
La Superintendencia de Sociedades obliga a las empresas vigiladas pertenecientes a diferentes sectores a tener un SAGRILAFT.
Por esa razón, los sectores inmobiliario, de servicios jurídicos, contables, de cobranza y construcción de edificios adquirieron ese deber. Las empresas de estos sectores estarán obligadas siempre que obtengan ingresos totales por año iguales o superiores a 30.000 SMMLV.
Igualmente, la obligación aplica para las empresas de cualquier otro sector, que sean vigiladas por la SUPERSOCIEDADES, con ingresos totales iguales o superiores a 40.000 SMMLV.
¿Qué es SAGRILAFT y por qué es importante?
En términos generales, el SAGRILAFT es el sistema que deben implementar las empresas que pertenecen al sector real para gestionar de manera integral y adecuada los riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo a los que pueden verse expuestas por el desarrollo de su actividad comercial y que como explica la SUPERSOCIEDADES, “generan consecuencias negativas para la economía del país y para las empresas”.
Entre otros, la materialización de estos riesgos en las organizaciones pueden generar riesgos operacionales, legales, reputacionales y de contagio, lo que sin duda tendría un impacto y afectación en el buen nombre, competitividad, continuidad y sostenibilidad de los negocios.
Teniendo esto en cuenta, es importante que las empresas que están obligadas por la Superintendencia de Sociedades a implementar este sistema integral de gestión de riesgos LAFT no lo hagan solo para evitar sanciones, sino que vean en este el medio para protegerse de riesgos que pueden afectar su reputación, su credibilidad frente a los stakeholders (personas u organizaciones de interés para prestar el servicio) y su continuidad en el mediano y largo plazo.